Este mes es clave en la lucha contra el crimen organizado, la corrupción y el narcotráfico en el Perú: el Poder Judicial inició ayer el Primer Pleno Casatorio Penal de la Corte Suprema de Justicia. En esta reunión, los jueces supremos decidirán si es necesario probar o no la fuente del dinero ilegal para emitir un fallo condenatorio en un proceso por lavado. Este delito es piedra angular en los juicios emblemáticos contra la familia Sánchez Paredes, con antecedentes por narcotráfico; los exJefes de Estado y funcionarios públicos del Caso Lava Jato, así como contra organizaciones criminales como la liderada por Rodolfo Orellana y otras vinculadas a los rezagos de Sendero Luminoso en la selva de Ayacucho.
El pleno es convocado a raíz de la polémica resolución emitida por la Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema, que preside el juez César Hinostroza Pariachi: la casación de Arequipa, fallo que archivó la investigación por estafa y lavado de activos seguida contra el peruano con raíces palestinas Jader Rizqallah, dueño del equipo de fútbol Club FBC Melgar. El mes pasado, el Ministerio Público calificó a esta polémica sentencia como un “instrumento de impunidad”. La Procuraduría Antidrogas del Estado dijo que era una "amenaza para el país", mientras que en la Dirección Antidrogas de la Policía (Dirandro) también se escucharon voces de preocupación.
Peor aun, en los últimos días se conoció que aquel fallo casatorio –como se conoce en el argot judicial a las resoluciones extraordinarias de la Corte Suprema– ya ha tenido a un primer beneficiario: el empresario Joaquín Ramírez, financista de la última campaña presidencial de Keiko Fujimori y exsecretario general de Fuerza Popular.
A continuación la historia del impacto de la casación de Arequipa en la lucha contra la criminalidad organizada.
PELIGRO. El juicio emblemático contra los miembros de la familia Sánchez Paredes podría acabar con sentencias absolutorias, luego del fallo del tribunal de Hinostroza. / Poder Judicial.
PRIMERA ALERTA: EL CASO ‘SOTO ARANDA’
Todo empezó el 8 de agosto de este año. Aquel día la sala de Hinostroza estableció las reglas que debían seguirse en los casos por lavado de dinero: la fiscalía estaba obligada a comprobar el delito fuente que originó el dinero ilícito para que los lavadores sean condenados, decía la resolución casatoria de Arequipa. Un mes antes, el 10 de julio último, el mismo tribunal había fallado en ese sentido, al anular la condena de cinco miembros del clan familiar Soto Aranda (los hermanos David y Héctor, la esposa de éste último Perla Chávarry y su cuñado Heber Farfán Loyola, junto a su hija Greis Farfán), con antecedentes por narcotráfico desde los ‘90.
En octubre del 2016, la Sala Penal Nacional había ordenado la captura de los hermanos David y Héctor Soto Aranda junto con su cuñado Heber Farfán Loyola, condenados a 25 años de prisión por ser cabecillas de un clan familiar acusado de lavado de activos en el llamado Caso ‘Muchame’. El fallo también sentenció a Perla Chávarry y Greis Farfán –esposa de Héctor e hija de Heber, respectivamente– a 20 años de prisión por los mismos delitos y absolvió a otros diez investigados.
"El juez César Hinostroza fue investigado por enriquecimiento ilícito al estar vinculado con la propiedad de dos casas en Miami. Su caso fue archivado"
Sin embargo, cuando el caso fue elevado a la Corte Suprema, menos de un año después, la sala de Hinostroza anuló la condena, las órdenes de captura y confirmó las absoluciones. ¿La razón? Según el controvertido fallo, el Ministerio Público y la Procuraduría Antidrogas no probaron “fehacientemente” el origen ilegal del dinero de la familia Soto Aranda. Para la procuradora Sonia Medina esta decisión fue “nefasta”.
CONSECUENCIAS. La casación de Arequipa fue citada como uno de los argumentos utilizados por la Fiscalía para archivar la investigación contra Joaquín Ramírez, financista de Keiko Fujimori.
Ojo-Publico.com estableció, a traves de diferentes sentencias judiciales, que los antecedentes que los integrantes de dicho clan tienen en la Dirandro se remontan a los ‘90, cuando Raúl Soto Aranda fue procesado en el Perú y luego absuelto por el decomiso de cocaína “escondida dentro de una bota de mujer”. Actualmente, este último es miembro del estudio jurídico Soto Aranda y es autor del libro 'Lavado de activos derivados del tráfico ilícito de drogas'.
Su hermano Cuenen Soto Aranda, alias ‘Franco’, también es abogado y cuenta con antecedentes en la Dirandro. En febrero de 2010, la policía de España decomisó 116 kilos de cocaína camuflados en 22 toneladas de madera. El Poder Judicial del Perú estableció cuatro años después que la droga fue enviada a Barcelona por Cuenen Soto y por lo menos otras cinco personas, a través de una empresa fantasma. Soto Aranda fue procesado y finalmente absuelto.
En Chile, los hermanos Héctor y David Soto Aranda han sido procesados por tráfico de drogas. Las autoridades de dicho país condenaron al primero, pero luego lo absolvieron en 1996; mientras que el segundo recibió una sentencia de cinco años de cárcel en 1998, luego de estar involucrado en un caso de tráfico de 25 kilos de cocaína. A esto se suma la condena de la justicia italiana contra ‘Félix Manuel Loyola’, alias de Heber Farfán. Este último, cuñado de los Soto Aranda, fue sentenciado por el Tribunal de Milán a ocho años de prisión por narcotráfico en 1994.
PLENO. Este lunes inició el Primer Pleno Casatorio Penal de la Corte Suprema de Justicia, que definirá el futuro del delito de lavado de activos. / Poder Judicial.
Estos antecedentes no fueron suficientes para la sala de Hinostroza, también conformada por los jueces supremos Carlos Ventura Cueva, Aldo Figueroa Navarro, Iris Pacheco Huancas y María Chávez Mella. La sentencia de julio del 2017, que favoreció al llamado clan Soto Aranda, concluyó que no existe “certeza” sobre el vínculo entre “el supuesto delito fuente” de narcotráfico y los bienes adquiridos por esta familia. Aquel fue el mismo sentido del fallo casatorio de Arequipa.
La Procuraduría Antidrogas, en un comunicado enviado al Ministerio del Interior hace pocos días, explicó que la decisión de Hinostroza y los demás jueces se aparta sin justificación de las leyes peruanas: no es necesario acreditar en un proceso de lavado de activos el origen ilícito de los bienes. Si bien esta sentencia no es vinculante, indicó Sonia Medina en su pronunciamiento, el fallo “ha causado un pésimo precedente” y ya es usada como referencia en otros procesos.
En efecto, el caso ‘Muchame’ fue solo el preámbulo.
LAS FIRMAS ESPECIALIZADAS EN CASOS DE LAVADO DE DINERO
En agosto de este año, los jueces supremos liderados por Hinostroza no solo archivaron la investigación contra Jader Rizqallah, dueño del equipo de fútbol Club FBC Melgar, sino que establecieron las reglas sobre cómo proceder en los casos de lavado de capitales. La Casación de Arequipa ordena que para sentenciar a una persona por blanquear activos es necesario comprobar el delito que originó el dinero ilegal.
Odebrecht pagó más dinero en Perú de lo revelado en EE.UU.
Ojo-Publico.com confirmó pagos por más de US$40 millones, realizados por la compañía a jefes de Estado, candidatos presidenciales, viceministros, autoridades regionales e intermediarios, en los últimos tres gobiernos del Perú.
Menos de dos semanas después de conocida esta casación, el Ministerio Público emitió un pronunciamiento contundente: la decisión del tribunal de Hinostroza pone en riesgo los procesos de lavado de dinero a nivel nacional, genera un retroceso en la lucha del Estado contra el crimen organizado y el narcotráfico, atenta contra los compromisos internacionales y constituye “una grave amenaza para el país”.
Para el subsistema de lavado de activos del Ministerio Público “causa extrañeza” que los jueces sustenten su decisión citando a abogados que ejercen la defensa de investigados y procesados en casos emblemáticos de lavado de activos. El comunicado fiscal dice que estos abogados siempre se han pronunciado a favor de la interpretación –ahora obligatoria tras la decisión de la sala de Hinostroza– para debilitar los esfuerzos del Estado en la lucha contra este delito.
Ojo-Publico.com identificó a los grupos de interés legal que no mencionó el comunicado del Ministerio Público. Son cinco estudios especializados en procesos de lavado de dinero de acusados por delitos de narcotráfico y corrupción: Nakazaki & Souza, Roy Freyre Abogados, Caro & Asociados, Castillo Alva, así como Rebaza, Alcázar & De las Casas. De estos estudios proceden dos de los abogados citados en la resolución de Hinostroza.
La Casación de Arequipa cita, en reiteradas oportunidades, al abogado Percy García Cavero, consultor de una de las firmas más importantes del país: el estudio Rebaza, Alcázar & De las Casas. La firma fue allanada en mayo de este año y uno de sus socios, José Zaragoza Amiel, fue arrestado por participar en uno de los sobornos de Odebrecht. Uno de los letrados de este estudio, Julio Morales Cauti, acompañó en la audiencia de detención preliminar a Zaragoza. Morales Cauti precisó a Ojo-Publico.com que su participación fue “muy puntual” y no tiene a su cargo la defensa de Zaragoza.
En la sentencia de Hinostroza también es citado el abogado Carlos Caro Coria, socio fundador del estudio Caro & Asociados, quien pidió no “demonizar” la casación de Arequipa. Él y sus socios han defendido a investigados por lavado de dinero proveniente de presuntos actos del narcotráfico y la corrupción en por lo menos seis casos.
Caso Sánchez Paredes: los fantasmas del narcotráfico nunca desaparecen
Hace una década empezó la investigación por lavado contra los hermanos de los asesinados Perciles y Simón Sánchez Paredes. Hoy están en el banquillo de los acusados.
El estudio de Caro Coria participó en 2007 en la defensa de algunos miembros de Freeman, Butterman and Haber, firma legal de Estados Unidos que fue utilizada por el narcotraficante Fernando Zevallos para crear empresas offshore; y entre los años 2009 y 2011 de Walter Martínez Moreno, hijo del empresario pesquero conocido como ‘Olluquito’ que en los años ‘90 estuvo vinculado en el célebre caso por tráfico de drogas ‘Hayduk’.
Caro Coria y su socio Luis Iberico Castañeda también se apersonaron como defensa de la familia Sánchez Paredes, en su emblemático juicio por lavado de activos proveniente del narcotráfico, hasta el 2009. Caro Coria asegura que no “interviene en lo absoluto en dicho proceso”, aunque casi todos los abogados de su estudio sí lo hacen, mientras que Iberico señala que no le une “ningún vínculo contractual con alguno de los miembros de la familia Sánchez Paredes”, pese a que este año apareció en una de las audiencias públicas de dicho caso.
Iberico Castañeda también es defensor de Eduardo Gallardo Arciniega, abogado del peruano holandés Ment Dijkhuizen Cáceres, narcotraficante condenado a 25 años de prisión tras la incautación histórica de cerca de dos toneladas de cocaína en Holanda. Gallardo Arciniega está procesado por lavado de dinero del tráfico de drogas, aunque su absolución en primera instancia se encuentra en la sala del polémico Hinostroza.
Los abogados Percy García Cavero y Carlos Caro Coria son citados por el juez Hinostroza en la casación.
Otro miembro del estudio Caro & Asociados que aparece en las audiencias del caso Sánchez Paredes es Luis Reyna Alfaro, abogado de Fidel Sánchez Alayo, integrante del presunto clan vinculado al tráfico de drogas internacional desde los ‘70, y de las empresas Compañía Minera San Simón y San Simón Equipos.
El empresario Gustavo Salazar Delgado, acusado de lavar coimas pagadas por Odebrecht, cuenta como defensores a Ana Hurtado Huailla y Manuel Fernández Zegarra del estudio fundado por Caro Coria. Esta firma también ha patrocinado a la empresa Los Portales, en un presunto esquema de blanqueo de capitales liderado por el actual alcalde de Magdalena Francis Allison.
GRUPOS DE INTERÉS VINCULADOS A LA CASACIÓN
Ojo-Publico.com determinó que este grupo de interés también incluye al abogado José Luis Castillo Alva, penalista conocido por su cercanía con el magistrado supremo y autor de la polémica casación César Hinostroza Pariachi. El diario La República reveló que el juez Hinostroza, siendo titular en la Corte Superior del Callao, viajó a la boda del abogado Castillo Alva en Colombia, en junio de 2012. A esta ceremonia también asistieron Alfredo Sánchez Miranda, hijo de Orlando Sánchez Paredes, y el entonces vicepresidente del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) Pablo Talavera.
Castillo Alva ha sido asesor legal de por lo menos seis investigados por lavado de dinero: Wálter Gamarra Lino, acusado por la Dirandro de ser cabecilla de la mafia de blanqueo de capitales más grande de Iquitos; Alfredo Sánchez Miranda y a sus hermanos, quienes fueron vinculados a los negocios de su padre Orlando Sánchez Paredes; y Enrique Canaval Landazuri, empresario aeronáutico que fue involucrado en el esquema de lavado de Fernando Zevallos ‘Lunarejo’ (luego excluido de la investigación judicial).
El letrado además defendió a Pedro Cruz Aguilar, abogado enjuiciado por presuntamente participar en el envío de 260 kilos de cocaína y por ser asesor de un cártel colombiano; y a Greis Farfán Soto del Caso 'Muchame', proceso que fue el preámbulo a la polémica casación de Hinostroza sobre lavado de activos.
La firma de Castillo Alva además defiende a Félix Moreno, gobernador de la región Callao acusado de recibir US$2 millones en sobornos de la constructora brasileña; y participó en el proceso contra Juan Duany Pazos, quien fue absuelto tras participar en la adquisición de acciones a través de una offshore vinculada al presunto narcotraficante y exalcalde de Pucallpa, Luis Valdez Villacorta.
Consultado sobre el tema, Castillo Alva dijo que no ha enviado ningún informe al Pleno Casatorio porque no tiene "mayor interés académico en estos temas" y cuestionó que se vincule el "ejercicio privado" de su profesión de abogado con el acto jurídico que se desarrolla en estos días. "No he tenido, ni tengo, la más mínima y remota intervención", dijo a Ojo-Publico.com.
CLIENTE. Abogado del estudio de Roy Freyre defiende a César Cataño, procesado por lavado de dinero. / Ilustración: Iván Cortez.
Los estudios de César Nakazaki y Luis Roy Freyre, que patrocinan casos de lavado de activos, también forman parte de este grupo de interés. Ambas firmas vienen defendiendo a los miembros de la familia Sánchez Paredes, proceso que corre peligro de ser archivado luego de la sentencia del tribunal de Hinostroza.
La firma que dirige Nakazaki también tiene como clientes a Luis Valdez, quien cuenta con antecedentes por narcotráfico en la Dirandro; a Manuel Burga, expresidente de la Federación Peruana de Fútbol involucrado en el caso internacional de corrupción denominado ‘Fifagate’; y a la expareja presidencial Ollanta Humala y Nadine Heredia, quienes recibieron por lo menos US$3 millones de Odebrecht, según el Ministerio Público.
"La Fiscalía pretende que el lavado de activos se condene solo con un patrimonio que no se puede explicar", aseguró el último viernes Nakazaki, quien ha enviado un informe legal (conocido como amicus curiae) al pleno casatorio.
Mientras tanto, Carlos García Asenjo, socio en el estudio de Roy Freyre, es abogado de César Cataño Porras, fundador de la aerolínea Peruvian Airlines y procesado por tráfico ilícito de drogas en Tacna; mientras que Eduardo Roy Gates ejerció la defensa de Nadine Heredia en su proceso por lavado de activos y actualmente patrocina a Félix Moreno por el mismo delito.
"Este supremo tribunal garantiza a la ciudadanía que a raíz de nuestra sentencia no habrá impunidad para los procesos por delito de lavado de activos", aseguró en conferencia de prensa Hinostroza, juez investigado el 2012 por enriquecimiento ilícito tras descubrirse que era dueño de dos casas en Miami.
Sin embargo, la casación ya ha sido utilizada como referencia para archivar la investigación por lavado de activos seguida contra Joaquín Ramírez, exfinancista de Keiko Fujimori y exsecretario general de Fuerza Popular, quien además fuera involucrado en las pesquisas de la Drug Enforcement Administration (DEA) contra Miguel Arévalo Ramírez ‘Eteco’.
La suerte de los demás casos emblemáticos por lavado se definirá en tres semanas.